Pakistán – “Logré meterme sigilosamente en la escuela hoy. Mis maestros me dijeron que no debía regresar a clase. No hay nada que pueda hacer sobre mi situación”, relata Noor, joven afgano que vive en Balochistán, Pakistán.
Con tan solo nueve años de edad, el mundo de Noor quedó trastocado con el anuncio del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP) del Gobierno de Pakistán en octubre de 2023, el cual procuraba la “repatriación” en tres fases de los afganos que se encontraban en Pakistán.
Durante la primera fase del IFRP, más de un millón de extranjeros sin documentos válidos, principalmente afganos, se enteraron de que la fecha límite para irse de Pakistán o por el contrario enfrentar un proceso de deportación era el 1° de noviembre de 2023. La segunda y tercera fase del IFRP afectó la deportación de quienes tenían en su poder Tarjetas de Ciudadanos Afganos (ACC) y Tarjetas de Prueba de Registración (PoR) respectivamente.
La OIM y el ACNUR en Pakistán estiman que al 20 de abril de 2024 más de 550.000 afganos han regresado a Afganistán en medio de condiciones coercitivas desde que los retornos aumentaron en septiembre. Asimismo, se informó que más de 31.000 afganos han sido arrestados y detenidos en Pakistán en el mismo período.
Familias afganas acarrean sus pertenencias familiares de regreso a Afganistán a través del cruce fronterizo de Spin Boldak en Kandahar. Foto: OIM/Mohammad Osman Azizi
A diferencia de sus seis hermanos que tienen Tarjetas de Ciudadanos Afganos (ACC), Noor no cuenta con documentos válidos y esto hace que su futuro en Pakistán sea incierto y lo coloca en riesgo de ser deportado inmediatamente durante la primera fase del IFRP. Ahora, con la segunda fase del IFRP acercándose, los hermanos de Noor también correrán el mismo peligro.
Tras el anuncio del IFRP, Noor se encontró con reacciones mezcladas en la escuela. Algunos compañeros y maestros se sintieron tristes con su inminente partida pero otros especularon acerca del momento en que sería expulsado de la institución.
Los menores como Noor enfrentan serios riesgos en materia de protección en Pakistán, los cuales incluyen su detención, peligros que los esperan en cruces fronterizos y dificultades al momento de regresar a Afganistán. Corren también el riesgo de sufrir separación familiar, angustia, temor, abusos y explotación.
Mientras sus pares progresan académicamente, la educación interrumpida de Noor es una barrera a sus sueños.
Noor, cuya materia favorita es Urdu, el idioma que se habla en el país que lo ha acogido, Pakistán, tiene grandes ambiciones para el futuro.
“Cuando sea adulto me gustaría mucho ser docente. Abrir una gran escuela en donde los chicos y chicas de todo el mundo puedan venir a estudiar. Esta escuela tendrá las puertas abiertas para todos ellos”.
Las repercusiones del plan también han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, jóvenes y familias a cargo de mujeres en Afganistán, exacerbando su vulnerabilidad a la violencia basada en género (GBV) y la violencia en relaciones íntimas (IPV) ya que cada vez más se encuentran confinadas en sus hogares.
Mujeres afganas concurren a una sesión de concientización sobre GBV organizada por un asociado de la OIM del ámbito de la protección en Balochistán, Pakistán. Foto: OIM/Muhammad Zeeshan Siddiqui
Tras décadas de conflictos, inestabilidad y crisis económica, Afganistán se esforzará para absorber el alto número de retornados, muchos de los cuales no han vivido en el país por mucho tiempo. E incluso puede que nunca hayan vivido allí. Con más de seis millones de personas desplazadas internamente en todo el país, Afganistán ya está luchando contra una crisis humanitaria severa y con varios desafíos del ámbito de los derechos humanos que afectan sobre todo a mujeres y jóvenes. Pakistán cuenta con una tradición de décadas en cuanto a albergar a afganos que necesitan protección.
Habiba, propietaria de un pequeño restaurante en Islamabad, madre de tres hijos, llegó a Pakistán cuando tenía 12 años, después de que sus padres la casaran con un hombre afgano en ese país. Cuando su matrimonio se volvió abusivo, ella tomó la valiente decisión de dejar a su marido.
Al principio Habiba tenía una tarjeta PoR, luego una ACC, sin saber que esa tarjeta no permite el acceso a empleo formal ni a servicios bancarios ni a acuerdos para poder alquilar. Tampoco permite el acceso a educación o a cuidados de la salud. Esto hizo que Habiba tuviera menos derechos y servicios. Sus padecimientos son un reflejo de lo que muchos afganos sufren en Afganistán, al no tener conocimiento de su estatus legal ni de sus derechos.
Una madre afgana con su hijo espera para acceder a asistencia en el centro de tránsito de la OIM en Kandahar, Afganistán. Foto: OIM/Mohammad Osman Azizi
Se estima que de los 550.000 afganos informados por el ACNUR y por la OIM Pakistán como retornados a Afganistán entre el 15 de septiembre de 2023 y el 20 de abril de 2024, casi el 4% de los que tenían tarjeta ACC y los que no tenían documentos válidos eran mujeres embarazadas, en tanto que el 7% se cree que habían enviudado.
Habiba, que ahora vive separada de sus hijos y de su ex marido, teme por su seguridad al ser una mujer sola. Su situación ha empeorado de manera significativa desde la implementación del IFRP puesto que todo el tiempo debe soportar un escrutinio permanente de parte del personal policial en su restaurante y recibe llamados anónimos demandando su presencia en diversos lugares para verificar su documentación. Por ese motivo es que cayó víctima de ladrones que le arrebataron la mayor parte de sus posesiones de valor cuando se ausentaba de su hogar.
Mientras reflexiona acerca de todo lo que ha tenido que vivir, Habiba expresa su gran preocupación acerca de su futuro en el país.
Tras la ascensión al poder de las autoridades de facto en Afganistán en Agosto de 2021 Habiba explica que “Los afganos llegaron a Pakistán con la esperanza de un futuro mejor. Pero ignoraban los problemas que les aguardaban en el futuro”. Expresó su gran preocupación por otras mujeres afganas que están enfrentando desafíos similares.
Muchas mujeres afganas como Habiba están en este momento enfrentando serios desafíos para el acceso a servicios básicos y están expuestas a acoso por parte de los organismos encargados de aplicar la ley, exacerbando su preocupación en relación a su seguridad.
Un asociado de la OIM del ámbito de la protección da instrucciones a las voluntarias del área de divulgación comunitaria en Balochistán, Pakistán, sobre el tema de los servicios de protección legal disponibles para los afganos en su comunidad. Foto: OIM/Muhammad Zeeshan Siddiqui
Para abordar los riesgos de protección que enfrentan quienes tienen una tarjeta ACC y los afganos sin documentos válidos, peligros exacerbados por el IFRP, la OIM Pakistán brinda asistencia legal y asesoramiento a los afganos desplazados, incluyendo la representación legal en los tribunales para los tenedores de tarjetas ACC, campamentos legales y tareas de concientización en las comunidades afganas. Adicionalmente, la OIM Pakistán lleva adelante capacitaciones para los organismos encargados de aplicar la ley, jueces, fiscales, colegios de abogados y otros actores, con el propósito de aumentar el conocimiento y las capacidades sobre derechos humanos y sobre los marcos nacionales legales relevantes a fin de fortalecer el entorno de protección para los afganos.
En Afganistán la OIM está liderando un consorcio fronterizo de asociados humanitarios que están brindando asistencia vital a los retornados en los puntos de cruce fronterizo entre Pakistán y Afganistán, para ayudarlos a que puedan paliar sus necesidades básicas mientras se enfrentan a un futuro muy incierto.
La OIM y sus asociados reiteran su llamamiento a todos los países para que detengan de inmediato los retornos forzosos de afganos, tanto a corto como a largo plazo, hasta que se establezcan las condiciones necesarias para garantizar retornos seguros, dignos y voluntarios con independencia de su condición legal.
Esta historia fue escrita por Maha Akbar, Oficial de Comunicaciones de la OIM Pakistán.
